Génesis del derecho procesal constitucional en materia energética: la interpretación de los órganos reguladores en materia de hidrocarburos en México

Abstract

El papel de los órganos reguladores consiste en asegurar el correcto funcionamiento de sectores esenciales para la vida económica y social de un país, ya que poseen un carácter estratégico. En diciembre de 2013, la reforma energética trajo consigo una serie de transformaciones que, a casi cinco años de su implementación, siguen representando auténticos retos para la vida política, social y económica de nuestro país. Introduciéndonos en materia procesal, el presente comprende la reflexión en torno a la colisión de intereses jurídicos en la interpretación de los órganos reguladores en materia de hidrocarburos en México. En el caso particular, se analiza –bajo la perspectiva de la reforma constitucional en materia energética– concretamente en su artículo 282 -veintiocho, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su transformación en órganos reguladores coordinados. Asimismo, se prospectan dos ejemplos de posible colisión en la interpretación del artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados y respecto del artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos y que dicha interpretación colisione con lo que determine la CRE al otorgarle a un operador petrolero un permiso y lo que resuelva e.g., la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, también conocida como Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (con el acrónimo ASEA). Finalmente, a manera de prospección de una posible colisión inter-institucional se prospecta el caso particular de las tareas de extracción de gas de lutitas, poniendo de manifiesto los riesgos ambientales, la competencia por el agua, y los criterios divergentes de las distintas instituciones, todo ello en manifiesta oposición a los alcances de la reforma energética puesta en marcha en el año 2013

The role of regulatory authorities consist in insuring the proper functioning of essential factors for the economic and social life of a country, since they have a strategic character. In December 2013, the energy reform brought with it a series of transformations that, almost five years after its implementation, continues to represent real challenges for the political, social and economic life of our country.Introducing us in procedural matters, this paper includes the reflection on the collision of legal interests in the interpretation of the regulatory authorities on hydrocarbons in Mexico. In the particular case, it is analyzed – under the perspective of the constitutional reform in the energy sector – specifically in its article 28 – twenty-eight, the strengthening of the National Hydrocarbons Commission (CNH) and the Energy Regulatory Commission (CRE) and its transformation in coordinated regulatory authorities. Likewise, two examples of a possible collision in the interpretation of article 27 of the Law of Coordinated Regulatory Authorities and in relation to article 51 of the Hydrocarbons Law are prospected and that this interpretation collides with what the CRE determines when granting an oil operator a permit and what it resolves eg, the National Agency for Industrial Safety and Environmental Protection of the Hydrocarbons Sector, also known as the Safety, Energy and Environment Agency (with the acronym ASEA). Finally, as a prospect of a possible inter-institutional collision, the particular case of the shale gas extraction tasks is explored, highlighting the environmental risks, the competition for water, and the divergent criteria of the different institutions, all in clear opposition to the scope of the energy reform implemented in 2013